Escribe Luis Casado – 21/04/2012
Si hubiese alguna duda con relación a la expropiación de YPF por parte del gobierno argentino, bastaría con leer la prensa adicta a los mercados financieros para disiparla: esa prensa llora, amenaza, augura catástrofes para los argentinos y, como suele hacerlo día a día, miente. Si esa prensa, las multinacionales y los líderes políticos más serviles a los intereses de los mercados financieros se quejan tanto… quiere decir que algo bueno tiene la llamada “nacionalización” de YPF.
Todo esto no debe oscurecer nuestro juicio a la hora de analizar la era “K”, ni hacernos confundir, como hace el necio, valor y precio. Más adelante volveré sobre este tema.
La cuestión primordial que se plantea en este caso es el de la soberanía de un país que obtuvo su independencia de España hace dos siglos. Y su derecho a definir sus políticas económicas, monetarias, financieras, industriales y sociales, sobre la base de los intereses de su propio pueblo, y en ningún caso a partir de los intereses de los “mercados”, de la “madre patria”, o siguiendo los amables consejos del FMI.
Las “lloronas” osan, como el patrón del grupo español REPSOL, insinuar que la expropiación busca ocultar la crisis económica argentina. En castellano castizo eso se llama descaro, desfachatez, desvergüenza. España, conducida durante décadas en función de los intereses de la banca y las grandes empresas como REPSOL, se encuentra sumida en la peor crisis de su historia. ¿Cómo podrían las mismas políticas hacerle algún bien a Argentina?
En el concurso de la hipocresía y la caradura, el premio se lo lleva el semanario británico “The Economist” que en su edición de hoy comenta la decisión argentina del modo siguiente:
“El costo económico a mediano plazo de esta decisión puede ser nefasto. Ella elimina toda posibilidad de obtener inversión privada para desarrollar los yacimientos de esquistos, que son extremadamente onerosos a explotar. Y conducirá probablemente a un éxodo de los expertos de la industria petrolera, acelerando la disminución de la producción local. Pero visto que la Sra. Fernández y su esposo, muerto en el 2010, ya habían arruinado la reputación de Argentina como un lugar seguro para hacer negocios mucho antes de la nacionalización de YPF, no está claro cuánto daño adicional esta decisión podría causar. Y la economía ha permanecido fuerte durante casi una década a pesar de tales políticas, en razón de los crecientes precios de la soja y el crecimiento económico del vecino Brasil”.
Para “The Economist” toda decisión contraria al libre mercado es “nefasta”. No se trata de una previsión sino de un juicio dogmático. Anunciar que Argentina encontrará dificultades para financiar su desarrollo es cosa de chiste. Desde el default de 2001 los mercados financieros son reticentes a facilitarle a Argentina el acceso al crédito. Parafraseando a “The Economist”, ¿cuánto más daño ocasionará la expropiación de YPF? Luego, cuando se constata el “bien” que le han hecho a Grecia los mercados financieros… es como para decir “no me ayude compadre”. La referencia al éxodo de los expertos de la industria petrolera tiene más de mala leche que de realidad en el terreno. Pero… ¿qué importa? Después de todo la reputación de Argentina ya fue “arruinada” hace años. Es como para preguntarse que diablos hacía REPSOL en Argentina durante todo este tiempo. Finalmente, -y esta es la cumbre de la mala fe-, si “la economía ha permanecido fuerte durante casi una década” (¿no era para ocultar una crisis que YPF fue nacionalizada?) se debe “a los crecientes precios de la soja” (lo mismo podría decirse de Chile con el cobre, de Arabia Saudí con el petróleo, de Rusia con el gas…) “y al crecimiento económico del vecino de Brasil”.
Mientras tanto Gran Bretaña, que goza de una excelente reputación como guarida de los mercados financieros y ha persistido hasta ahora en una política económica ultra-liberal, se debate en una profunda crisis, exhibe una deuda pública superior al 100% de su PIB, su déficit presupuestario es el peor del G20 (12%), cada hogar británico le debe a los bancos más del 170% de sus ingresos anuales, sus principales bancos no han sobrevivido sino gracias al dinero público, la tasa de desempleo de los jóvenes alcanza un record histórico, la tasa general de desempleo es de 8,4% (la más alta desde 1995). ¿Vale la pena seguir? En cuanto a España, no merece la pena describir una vez más su lamentable situación económica, financiera y social. Los jóvenes españoles e ingleses sí emigran al extranjero para buscar una oportunidad de trabajo. Estos son los países que vienen a darle lecciones de conducción de su economía a Argentina.
Abordando otro aspecto de la política económica argentina, “The Economist” acusa al gobierno de Cristina Fernández de usar el Banco Central como una hucha, una alcancía al servicio del gobierno. Sin mencionar que la autonomía del propio banco Central Europeo está siendo cuestionada, “The Economist” dispara con pistolitas de agua:
“Durante los últimos 20 años una placa adornaba el vestíbulo del Banco Central de Argentina, proclamando su ‘misión fundamental y primaria, preservar el valor de la moneda nacional’. Esta semana la placa fue removida después que el Parlamento aprobase un proyecto gubernamental que le da al Banco Central un nuevo mandato: ‘promover, en el límite de sus capacidades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el crecimiento económico con justicia social’”.
En pocas palabras, dice “The Economist”, el Banco Central perdió la última pizca de su independencia, y se transformó en la alcancía del gobierno de Cristina Fernández. Desde luego, al quitarle la sacrosanta autonomía a su Banco Central el gobierno argentino comete un pecado mortal contra los criterios del Consenso de Washington, y atenta gravemente contra el dominio de los mercados financieros y la especulación desenfrenada. Es probable que los consejos de un tal Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía 2001, ex vicepresidente del Banco Mundial y ex Consejero Económico de Bill Clinton en la Casa Blanca, hayan surtido algún efecto. En sus numerosas obras Joseph Stiglitz insiste en que nadie ha probado nunca que un país que tiene un Banco Central autónomo crezca más rápido o presente resultados económicos espectaculares. La prueba de lo contrario la da Europa, que le dio plena independencia a su Banco Central y vive una crisis sin precedentes. Lo mismo puede decirse de Gran Bretaña. ¿Entonces?
Por si fuese poco, “The Economist” critica en el nuevo mandato del Banco Central argentino la inclusión de una misión relativa al empleo. Pero “The Economist” olvida mencionar que en la materia Argentina no hace sino copiar a los… EEUU. En efecto, el mandato de la Reserva Federal (FED) no se limita a la estabilidad monetaria y al crecimiento, sino que integra la creación de empleo como un elemento fundamental. ¿Hipocresía?
Por otra parte “The Economist” se hace el escandalizado cuando pretende que el gobierno argentino podrá “utilizar las reservas del Banco Central (US$ 47 mil millones) para pagar deuda pública”. Una vez más el semanario británico olvida mencionar que es precisamente lo que hace el gobierno de los EEUU, cuyo principal comprador de bonos (el principal prestamista) es la Reserva Federal, o en otras palabras, la imprenta más rápida del mundo en fabricar moneda sin respaldo ninguno. Lo que es bueno en los EEUU es malo en Argentina. “Haz lo que te ordeno, no lo que hago” parece ser el lema de “The Economist”.
Pero dejemos de lado a las “lloronas” para ocuparnos de la historia de YPF y algunos aspectos de la política económica de la era “K” con el propósito de determinar si esta nacionalización puede traducirse en una independencia energética para Argentina, y si obedece a una estrategia coherente.
La empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), -de propiedad del Estado argentino-, fue privatizada parcialmente en el año 1992 por el gobierno peronista de Carlos Menem, entregándole el control al grupo español REPSOL. En esa época, un Menem de mocasines blancos y pobladas patillas privatizó gran parte del patrimonio público, de la industria y de los servicios: la energía, el agua, las comunicaciones, el transporte, los casinos e incluso el zoológico. El peronismo, o al menos el peronismo menemista, se convirtió al neoliberalismo. Hay quien afirma que la privatización de YPF, efectuada en dos fases (1992 y 1999), contó con el caluroso apoyo de los Kirchner. Entre otras, la senadora María Eugenia Estenssoro de Coalición Cívica que pone en duda las razones que condujeron a la expropiación del 51% de YPF. En su alocución a la nación Cristina Fernández aseguró que recuperar YPF era el sueño de su difunto esposo. María Eugenia Estenssoro argumenta:
“Si su sueño (de Néstor Kirchner) era recuperar YPF, ¿por qué le vendió a Repsol las acciones de YPF que tenía Santa Cruz (provincia cuyo gobernador era Kirchner) y acompañó la desnacionalización total de la petrolera impulsada por Carlos Menem? Si el sueño de Néstor Kirchner era recuperar YPF, ¿por qué en 2007, cuando decidió la “argentinización” de la compañía, eligió a su amigo Enrique Eskenazi, un banquero sin experiencia en petróleo, que no aportó ni capital, ya que compró el 25% de las acciones con un préstamo de la propia Repsol?
Y agrega:
“Cristina Kirchner tampoco explicó por qué ella y sus ministros aprobaron el acuerdo de accionistas por el cual Repsol y Eskenazi se obligaron a retirar el 90% de las ganancias durante diez años. Si los accionistas retiraban la casi totalidad de las ganancias todos los años, cuando la norma para el sector es el 30%, ¿cómo iba a realizar YPF las inversiones necesarias para ampliar la reservas y la producción que necesitaba el país?”
El esquema utilizado por Enrique Eskenazi no es nuevo. En el año 1967, Jean-Jacques Servan-Schreiber, periodista, ensayista y político francés, publicó su famoso libro “El desafío americano” en el que cuenta que en los años de la posguerra las empresas yanquis compraron masivamente las renacientes empresas europeas. Para ello, dice, aportaron no más de un 10% del capital y el resto lo tomaron prestado en Europa: “En pocas palabras les pagamos para que nos compraran”, concluye.
Por otra parte, quienquiera esté familiarizado con el derecho comercial sabe que un accionista no puede deberle dinero a la empresa de la cual es dueño. En principio… Cuando estalló la crisis de las llamadas “dot.com” en los EEUU, en los años 2000-2001, y peor aun con la crisis siguiente, la de los productos financieros derivados (subprimes), quedó en evidencia que el pillaje de las empresas por parte de los ejecutivos estadounidenses que las dirigían alcanzaba proporciones inimaginables. Muchos CEOs utilizaron dinero de la empresa que dirigían para comprar, a título privado, las acciones de la misma empresa. La compra de empresas utilizando el conocido truco llamado LBO (leveraged buy-out) le permitió a muchos especuladores adquirir empresas mediante un crédito que luego pagaron con los beneficios obtenidos por la empresa adquirida. Para acelerar el proceso, la reducción forzada y masiva de personal (reducción de la masa salarial) es un must.
Como quiera que sea, el retiro de las ganancias por parte de los accionistas de YPF tuvo que ver con la necesidad de pagar el crédito que Eskenazi obtuvo de REPSOL para comprar acciones de… YPF.
Volviendo al tema de la privatización, es necesario precisar que Argentina, contrariamente a Chile, siempre conservó la propiedad de sus recursos básicos, en este caso el petróleo. La privatización concernía los derechos explotación concedidos a diferentes empresas, concesiones que pueden ser revertidas incluso por las diferentes provincias argentinas en las que se encuentran los yacimientos.
Ahora, el proyecto de re-estatización enviado el Senado declara de "utilidad pública" y sujeto a expropiación el 51% de las acciones de YPF. Ese 51% se dividirá, a su vez, entre la Nación (51%) y las diez provincias (49%) que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi). Todos los gobernadores apoyaron la medida. De este modo el Estado tendrá el 26,01% del total de acciones de YPF, y las provincias el 24,99%. Se mantendrá intacto el 17% de acciones en manos de inversionistas privados “amigos de los Kirchner” (Eskenazi, dueños del banco de Santa Cruz). Una porción siempre fue de propiedad del Estado argentino. Finalmente, un 6,4% quedará aún en manos de Repsol, que pasaría a ser socio minoritario.
YPF explota un tercio del petróleo y el gas argentino. Si se excluye a una empresa menor de propiedad estatal, el resto, o sea en torno al 66% del petróleo, es explotado por privados.
En cuanto a las razones objetivas que llevaron el gobierno argentino a expropiar YPF, este alega que REPSOL no cumplió con sus compromisos en materia de inversiones para aumentar la capacidad productiva. “The Economist” defiende a REPSOL argumentando que:
“YPF invirtió US$ 11 mil millones en sus operaciones argentinas en los últimos cinco años, y sólo distribuyó US$ 3 mil 500 millones en dividendos, la mayor parte de los cuales fueron a pagar el crédito que Petersen, una empresa argentina (en la cual está involucrado Eskenazi – nota mía), tomó para comprar acciones de la empresa con el apoyo de Néstor Kirchner, el difunto esposo de Cristina Fernández y su predecesor como presidente”.
La primera observación que viene in mente tiene que ver con la excepcional rentabilidad de YPF. Una inversión de 11 mil millones de dólares en el curso de cinco años permite distribuir, en el mismo período, “sólo” 3 mil 500 millones de dólares de dividendos. El “sólo” hay que entenderlo como una auto-limitación, signo de la moderación de los empresarios, y no como el techo del lucro. En segundo lugar, este dato viene a confirmar los dichos de la senadora María Eugenia Estenssoro. No hay que ser un lince para imaginar de dónde obtuvo “The Economist” esta información tan embarazosa para Cristina Fernández.
Otro argumento esgrimido por REPSOL en su defensa tiene que ver con que la fijación de límites de precio para el petróleo producido por YPF reduce las posibilidades de inversión:
“El productor recibe sólo US$ 42 por barril exportado, y alrededor de US$ 70 en el mercado doméstico, cuando el precio del mercado mundial está por encima de los US$ 120”.
En efecto, la política del gobierno argentino apunta a “subvencionar” el consumo de combustible en beneficio de la población y de la industria local. Pero la cuestión central no está ahí, sino en el costo de producción y en el derecho soberano de Argentina a fijar el precio del petróleo que producen las empresas concesionarias. Recordemos que Argentina sigue siendo dueña del petróleo, y que la concesión acordada tiene que ver sólo con su extracción.
Cuando hace un par de años Irak comenzó a restablecer su capacidad productiva de petróleo, decidió no privatizarlo sino proponer concesiones de extracción a las grandes petroleras mundiales. Para ello organizó una especie de remate público, transmitido por TV, en el que propuso pagar dos dólares (US$ 2,00) por barril extraído. Ninguna de las empresas presentes quiso aceptar ese trato. Sin embargo, dos semanas más tarde, un consorcio chino-británico llegó subrepticiamente a Bagdad para firmar un contrato en esas condiciones. En pocos días todas las petroleras estaban haciendo cola para hacer lo propio.
A dos dólares el barril extraer petróleo es un pingüe negocio en Irak… ¡Pero no lo es para REPSOL a US$ 42 dólares (ni a US$ 70) en Argentina!
Como puede constatarse, el tema energético no es ni simple ni fácil de abordar. Ni en Argentina, ni en ningún país del mundo. Enormes intereses se esconden detrás de cada movida. Las privatizaciones de Carlos Menem contribuyeron poderosamente a la catástrofe económica del 2001. La actitud despectiva del FMI en esa época llevó al vespertino francés “Le Monde” a publicar un editorial titulado: “Argentina: el alumno castigado por obediente”. Quien pagó la nota en miseria, en desempleo, en precariedad y en sufrimiento, fue el pueblo argentino.
Por el contrario, una golondrina no hace verano: no es la nacionalización, o la expropiación, la re-estatización o como quiera llamársele, de YPF, la que determina una política económica favorable a los miserables.
Pero como quiera que sea, aun si los procedimientos del ejecutivo argentino no quedan eximidos de sospecha de corrupción, de favoritismo, ni de “cronyism”, el derecho de cada nación soberana a disponer de sus recursos básicos y utilizarlos como le de la gana es inalienable.
Los “expertos” que quieren darle consejos a Argentina harían bien de regresar a sus respectivos países, hundidos en un marasmo sin fin gracias a esos mismos “expertos”.
Louis Casado
Editor de Politika
